CARF procura permanentemente racionalizar los gastos generales sin afectar negativamente a la calidad del trabajo que se realiza y optimizar los presupuestos de captación de recursos para obtener mayores ingresos.

De cada 100 € gastados en 2010, 91,24 € lo fueron en ayudas, 2,43 € en captación de fondos, 2,36 € en gastos generales, 2,26 € en personal y 1,71 € en amortizaciones y tributos.

Donaciones periódicas y colaboraciones puntuales: CARF se ve obligada a desarrollar continuas campañas específicas en busca de donativos puntuales o periódicos, dirigidas a personas e instituciones con recursos y capacidad para entender los fines fundacionales.

Respecto al año 2009, las cuotas de los socios se incrementaron un 18,84%. En cambio, los donativos se redujeron un 26,17%.

Legados testamentarios: A diferencia de otras fundaciones, en CARF no ha existido una persona, familia o empresa que la haya dotado suficientemente. Sus fondos propios proceden fundamentalmente de la generosidad de algunos hombres y mujeres que en estos años la tuvieron en cuenta en sus disposiciones testamentarias.

Los legados, algo imposible de planificar por nuestra parte, aumentaron un 120,87% respecto al año anterior.

Rendimiento del patrimonio: CARF sigue un estricto código de conducta para asegurar una prudente administración de su patrimonio. Mediante la ayuda de un Comité de Inversiones ha procurado siempre, ante todo, la conservación de esos bienes entregados con tanta generosidad, excluyendo de raíz posiciones especulativas o arriesgadas.

En 2010 se obtuvieron por este concepto 131.448 €.

Por tercer año consecutivo, la cuenta de resultados ha sido negativa, necesitando 174.214 € de reservas de ejercicios anteriores.

Auditoria: La Fundación cumple las obligaciones de la Ley 49/2002: somete las cuentas a una auditoria externa, rinde cuentas al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura e informa del cumplimiento del Código de Conducta para las inversiones financieras temporales. Igualmente, se ajusta su comportamiento a la Ley 15/1999 de Protección de Datos.

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